Implementación de las Políticas Anti-Corrupción

La puesta en marcha de un sistema de gestión anti-corrupción lleva pareja una multitud de elementos que deben atravesar el funcionamiento de toda la empresa. Sin embargo, a modo de simplificación y para poder analizar la evolución a lo largo de los años, se han tomado dos elementos de implementación de la política que se consideran especialmente relevantes: la formación de los empleados, y los mecanismos de denuncia anónima.
Se ha considerado que existe un sistema de formación de los empleados cuando la empresa ofrece capacitación sobre la aplicación del código de conducta, los valores y los principios de la empresa, y sobre cómo actuar ante una situación de riesgo. Además la formación debe estar adaptada a los lugares donde la empresa opera, haciendo especial hincapié en aquellos países de riesgo.
Por otro lado se ha considerado que existe un mecanismo de denuncia anónima si se han habilitado canales de comunicación anónimos y seguros para que los empleados puedan amonestar o denunciar irregularidades, bien a través de la vía telefónica, o en la intranet, o en la página web corporativa de la empresa, facilitando cuestionarios para ser enviados, etc.. Se ha considerado importante que los mecanismos garanticen la confidencialidad del denunciante y hagan visible la figura de la persona o comité competente para que recoja la denuncia e inicie el procedimiento de informar e investigar con diligencia el caso.




El análisis de la evolución de la calidad de los sistemas de gestión anticorrupción de las empresas del IBEX35 en el periodo 2005-2009 permite constatar un gran avance ya que ha aumentado sustancialmente el número de empresas que afirman haber dado formación a sus empleados. Mientras en 2005 el número de empresas que proporcionaban formación a sus empleados en materia de corrupción, sólo suponían el 14% de las empresas del IBEX35. En 2009 este porcentaje ha ascendido al 48,5%.
Menor ascenso es el experimentado por los mecanismos de denuncia anónima que las compañías ponen en marcha para revelar irregularidades asegurando la confidencialidad del denunciante, ya que se partía de un nivel más elevado (31% de las empresas) en 2005, llegando al 63% de ellas en la actualidad. En ello ha influido el hecho de que desde julio de 2005, todas las empresas registradas en la Securities Exchange Commision (SEC), están obligadas a cumplir con las disposiciones de la Sarbanes-Oxley Act , de julio de 2002. Esta Ley establece la obligación de implantar mecanismos para la recepción de quejas o comunicaciones, de forma confidencial, relacionadas con las malas prácticas en asuntos contables, el control o la auditoría interna.