Riesgos para su empresa

Aunque hasta mediados de los años 90 del siglo XX, en muchos países industrializados era legal pagar sobornos a representantes de gobiernos extranjeros y en muchos casos, dichos pagos se podían desgravar como un costo de “hacer negocios”, esto ha cambiado en la actualidad. El soborno es ilegal en la mayoría de los países y, por lo tanto, se trata de un delito penal que impone severas sanciones financieras, y conlleva incluso el riesgo de una condena a prisión a los directores y gerentes responsables.
Además, pueden argumentarse cuestiones de orden ético, pero como bien explica Schumpeter en su artículo The corruption eruption (“La erupción de la corrupción”) estas cuestiones son demasiado obvias como para necesitar una explicación detallada. Sin embargo, muchas empresas todavía creen que hay una lamentable tensión entre los dictados de la ética y la lógica empresarial. Como argumenta el autor “La corrupción es el precio que se debe pagar para entrar en algunos de los mercados mundiales más difíciles (el argumento de “allá donde fueres, haz lo que vieres”). La corrupción puede acelerar los –de otro modo eternos- trámites burocráticos (la hipótesis de “el engrasado de los engranajes”). Y ¿por qué no? Las posibilidades de que te pillen son pequeñas en comparación con las ganancias, que pueden ser grandes e inmediatas, de saltarse las reglas”. Una vez expuestos los motivos más frecuentemente repetidos para justificar las prácticas corruptas, vamos a ver sus riesgos y costes:

Riesgos Legales:
Desde mediados de los años 90 se han multiplicado las convenciones internacionales, así como las iniciativas privadas y públicas que buscan eliminar la corrupción. Las legislaciones de muchos países se están endureciendo en esta materia.
La primera convención internacional contra la corrupción que ratificó España, miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), fue la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales también llamada Convención contra el soborno internacional. La Convención fue adoptada por la OCDE en 1997 y fue firmada y ratificada por España en 2000, lo que dio lugar a la existencia de un artículo en su Código Penal, el 445bis, que sanciona con las mismas penas el soborno en España o en el extranjero. En 2005 suscribió la Convención de la Ley Penal y la Convención de la Ley Civil sobre corrupción del Consejo de Europa, que han sido recientemente ratificadas (el Convenio Civil sobre Corrupción -entró en vigor el 1 de abril de 2010- y el Convenio Europeo Penal sobre Corrupción -que entró en vigor el 1 de agosto de 2010). También en 2005, España firmó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que ratificó en junio de 2006, asumiendo con ello la transposición a las leyes nacionales de los contenidos de la Convención.
Además, el riesgo de ser sorprendido cometiendo un delito de este tipo ha aumentado considerablemente debido al poder de denuncia anónima a través de Internet, del papel de vigilancia de las ONGs, así como un clima social menos favorable apoyado por cada vez más discursos políticos.
En caso de salir a la luz algún caso de corrupción, la empresa deberá pagar altas sumas de dinero, puede perder licencias de exportación, e incluso puede conllevar penas de prisión para los empleados y directivos implicados. Siguiendo la legislación anticorrupción que se está consolidando en los últimos años, aunque la acción se desarrolle en otro país y por un agente independiente, las repercusiones legales pueden llegar a afectar a la propia empresa en el país de origen.

Riesgos Reputacionales:
Un riesgo reputacional no daña necesariamente la salud financiera de todas las empresas, ya que afecta de manera muy diferente en función del sector en el que se opera y el tipo de actividad que se realiza. Sin embargo, reducir este riesgo puede ser fundamental para mantener algunos contratos.
Como explica Transparencia Internacional en su informe “El soborno desacredita a una empresa y conlleva la pérdida inevitable de reputación e incluso su inclusión en una lista negra para ciertas organizaciones. Bancos, auditores y abogados deben informar sobre cualquier tipo de contabilidad irregular o inexplicada de acuerdo con lo que estipulan las leyes para combatir el lavado de dinero y el terrorismo.”

Riesgos Personales:
Si los empleados y directivos de una empresa están acusados de corrupción, el ambiente de trabajo y la cultura de la organización se deterioran considerablemente. Como bien explican Argandoña y Morel “La corrupción afecta de forma directa al personal de la empresa, que ve lesionada su dignidad e integridad moral, y pierde la confianza en la dirección, la compañía. Una mancha por corrupción en el historial de un empleado o directivo puede arruinar su carrera y reputación, y tener consecuencias penales (como multas y hasta prisión), civiles y sanciones laborales. Según los casos, algunos empleados querrán sacar provecho de los beneficios obtenidos; otros bajarán su rendimiento e iniciativa en la empresa ante su disconformidad con lo que ven, mientras otros –quizá los mejores y definitivamente los más honestos– optarán por abandonar la empresa.”

Riesgos Financieros y Operativos:
En la guía Negocios contra la Corrupción del Pacto Mundial de Naciones Unidas se explica que en la actualidad hay clara evidencia de que en muchos países la corrupción aumenta en un 10 por ciento los costos de los negocios y que aumenta un 25 por ciento el costo de la adquisición pública.
Además, cada vez se evidencia más que una vez que se pagó un soborno, los pedidos de soborno se repetirán y serán cada vez mayores, exponiéndose al chantaje y a negociaciones cada vez más extenuantes. A la inversa, una empresa que adopta una posición firme contra todas las formas de corrupción será conocida por esto y el riesgo de exponer a sus empleados a tales demandas será menor.